El Acuerdo de París alcanzó los países y las emisiones de gases contaminantes necesarias para entrar en funcionamiento
El tan esperado y dilatado Acuerdo de París, el instrumento para combatir el cambio climático a nivel global, entró en vigencia.
Para su efectividad era necesaria la ratificación del mismo por parte de al menos 55 países representantes del 55 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.
Y esa meta se alcanzó el pasado 5 de octubre de 2.016, cuando la Unión Europea (UE), que representa el 12 % de las emisiones, hizo entrega de los documentos de ratificación del Acuerdo en la sede de la ONU. Hasta ese momento, los 61 países que ya lo habían ratificado sumaban sólo el 47,7 % de las emanaciones globales, lo que impedía poner en marcha el instrumento legal.
A fin del año pasado, este acuerdo fue adoptado en la capital francesa por los 195 países signatarios de la Convención Marco de la ONU sobre cambio climático y la Unión Europea, en el transcurso de la 21 Conferencia de las Partes (COP21).
La importancia que reviste es que está destinado a sustituir en 2020 al Protocolo de Kioto y tiene como objetivo “mantener la temperatura media mundial por debajo de dos grados centígrados respecto a los niveles preindustriales”.
No obstante, el texto recoge que los países se comprometen a llevar a cabo todos los esfuerzos necesarios para que no se rebasen los 1,5 grados y evitar así los impactos más catastróficos del cambio climático.
Objetivos pasados
El Protocolo de Kioto de 1997 estableció objetivos de emisiones solo para países desarrollados, una de las razones por las que EE.UU. decidió no participar en ese pacto, que está en vigor desde 2005.
El Acuerdo de París es legalmente vinculante en su conjunto, no lo es sin embargo en buena parte de su desarrollo (las llamadas decisiones) y tampoco lo es en los objetivos nacionales de reducción de emisiones.
Su fuerza reside en el mecanismo con el que periódicamente deben revisarse los compromisos de cada país y esto sí es jurídicamente vinculante.
Los gobiernos no se demoraron para que entre en vigencia, y eso es una buena noticia. Pero por esto y por el desafío de los compromisos de reducción de gases de efecto invernadero que pueden y deben seguir siendo más ambiciosos en cuanto a sus recortes, es que necesitamos las reglas claras de este acuerdo para que todo funcione correctamente.
Cada nación está obligada a rendir cuentas de su cumplimiento, y a renovar sus contribuciones al alza cada cinco años. Los estados que quieran, pueden usar mecanismos de mercado (compraventa de emisiones) para cumplir los objetivos de emisión. La primera revisión de las contribuciones tendrá lugar en 2018 y la primera actualización de las mismas en 2020.
Si bien el Acuerdo no establece sanciones por incumplimiento, sí fija un comité que diseñe un mecanismo transparente para garantizar que se cumplen los compromisos adquiridos y advertir antes de expirar los plazos si puede o no cumplirse lo acordado.
En cuanto a la financiación, el nuevo Acuerdo de París obliga a los países desarrollados a contribuir a financiar la mitigación y la adaptación en los Estados en vías de desarrollo, y anima a los estados que se encuentren en condiciones económicas de contribuir a que efectúen aportaciones voluntariamente. En este sentido, la intención de financiar debe ser comunicada dos años antes de transferir los fondos.
Según el Acuerdo, el compromiso radica en lograr que para 2025 se movilicen 100.000 millones de dólares anuales, aunque se fija una revisión al alza para antes de ese año.
Estados Unidos y China, los países más contaminantes del mundo, buscan “liderar” la lucha contra el cambio climático, por ello, ambos estados se han fijado ya metas para recortar emisiones. EE.UU. entre un 26 % y un 28 % respecto a los niveles de 2005 y China ha prometido impedir el crecimiento de sus emisiones a partir de 2030.