La nueva Ley 27.424 de Generación Distribuida fue reglamentada en nuestro país a fines del año pasado, esta misma ley fue sancionada hace unos años en el país vecino. Conocer su experiencia será de utilidad para adelantarnos a los obstáculos que podrían surgir en el proceso de implementación.

La Ley 27.424 habilita a los usuarios pequeños y residenciales a autoabastecerse de energía que se obtenga de fuentes renovables, como paneles solares, turbinas eólicas, biomasa o biogás, y además vender el excedente, si lo hubiera, a la red eléctrica.

Con lo cual se puede generar energía cerca de los centros de consumo para evitar las pérdidas en la cadena de  distribución y a su vez involucrar a la sociedad en el proceso de generación eléctrica.

Esta ley tendrá un impacto socio-ambiental positivo porque fomentará las energías limpias y aportará a las economías regionales reduciendo la salida de divisas por la compra de combustibles fósiles al exterior. Asimismo, permitirá a los pequeños productores de energía  abastecer zonas aisladas del país, y así diversificar y hacer más segura la matriz energética de la Argentina.

Son muchas las posibilidades que habilita, pero aún falta ver cómo será su implementación. Sobre todo cuando hay varias regulaciones que han quedado a medio camino como, por ejemplo, la Ley de Bosques que está congelada por la falta de fondos. O la misma Ley 27.191 de fomento de fuentes renovables que prometía alcanzar, en 2018, un 8% del consumo energético de estas fuentes.

Para anticipar lo que se puede esperar para los próximos años en generación distribuida en la Argentina un buen ejercicio es analizar los aprendizajes alcanzados del otro lado de la cordillera.

Experiencia chilena

En Chile, desde 2014 se implementa la Ley 20.571 que permite a los clientes regulados, conformados por hogares y pequeños comercio e industrias, comercializar las inyecciones de energía de sus generadores residenciales.

Para la Asociación Chilena de Energía Solar (Acesol), la aplicación de la ley
no fue fácil: se instalaron pocos sistemas y no se veía mucho éxito en su aplicación. Una de las razones era la falta de información. Muy pocas personas entendían los beneficios económicos de la ley y se desconfiaba de que realmente se pudiera vender electricidad a las distribuidoras.

Asimismo, la burocracia gubernamental jugó en contra; El proceso de aprobación involucraba varios pasos y un “pinponeo” dificultoso entre la empresa distribuidora y la autoridad regulatoria. “La aprobación podría tardar de un año a un año y medio, esto frustraba y desincentivaba a los usuarios. Hubo demoras hasta en la designación de los responsables del tema dentro de las distribuidoras. Todo esto sucedió en los tres años primeros años de implementación de la ley.

En Argentina, se podría aprovechar la experiencia chilena para que desde un inicio esa tramitación sea lo más simple y clara posible, y exista una capacitación adecuada para todos los actores involucrados”, añade Neumeyer.

El sistema chileno ha mejorado con la digitalización de los trámites con una plataforma web (www.sec.cl) que, además, se esfuerza en comunicar las especificaciones técnicas en lenguajes simples, audiovisuales y accesibles. Asimismo, el proceso de aprobación del sistema residencial ha reducido sus tiempos y hoy demora entre dos semanas y dos meses aproximadamente.

Modelo de generación.

Existen tres modelos posibles de generación distribuida: el primer modelo de Net Metering (o Medición neta de electricidad) contempla pagar el mismo precio por el kilowatt consumido y vendido.  El segundo es el modelo Feed-in tariff, o tarifa de incentivo que subsidia el precio de la energía renovable a través de una tarifa diferencial para hacerla más competitiva ante los combustibles fósiles

El tercero, usado por Chile y Argentina es el denominado Net Billing o de facturación neta. Este modelo contempla inyectar la electricidad que no se consume a la red y venderla a un precio inferior del que se compra a la empresa distribuidora (este precio menor se indica por los costos e inversiones en infraestructura).

Es decir, en el valor de la energía consumida por el cliente se adiciona el costo asociado a la red de distribución, la cual es necesaria para que se materialice dicho consumo. Esta inversión la hace la distribuidora de energía. Como resultado, en Chile se paga el excedente de generación eléctrica a un 65% del costo del kWh aproximadamente y en la Argentina, a un 50% del kWh.

Competitividad e incentivos

Este modelo es menos competitivo que los otros dos y presenta dificultades para generar incentivos a las energías limpias, Si se pagará un precio diferencial por la energía limpia, todos querrán invertir en renovables porque verán el valor económico de esta ley para bajar sus consumos de luz y generar ingresos.

Para remediar esto en Chile:

Estos incentivos han generado la multiplicación de proyectos privados residenciales en Chile que buscan desde amortizar los gastos de los edificios, como el impacto del consumo eléctrico de los espacios comunes, hasta tener conectadas todas las viviendas para generar excedente en horas no habitadas.

Si bien la ley fomenta todo tipo de fuentes de energía renovable, los paneles fotovoltaicos han tenido mayor popularidad por sus bajos precios y poco mantenimiento. “Es una inversión de bajo riesgo porque los paneles requieren muy poco mantenimiento: solo una revisión anual y una limpieza periódica de paneles, que es como limpiar un vidrio”, mientras más grande es el proyecto más rentable se vuelve.

Los especialistas de ambos lados de la cordillera coinciden en que los subsidios e incentivos serán clave para que la ley termine de ayudar a florecer las energías renovables.

A pesar de la falta de incentivos, hoy, la ley permite conectarse y vender electricidad a la red. Ya está abierto el registro para los que estén interesados en iniciar con la generación para el autoconsumo.

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